El tratamiento de la ley de basura electrónica, en estudio desde 2008, perdió ayer estado parlamentario y el proyecto que había logrado media sanción en la Cámara de Senadores volvió a foja cero ya que no pudo ser tratado en Diputados.

De esta forma quedó desechada la propuesta que tenía como fin regular la disposición final de los residuos electrónicos y eléctricos y delegaba esa responsabilidad a los productores de los artículos.

El proyecto quedó trabado en las comisiones que debían sancionar su dictamen. Fue aprobado en la de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en la de Industria y Comercio, pero no fue tratada por la de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado del Frente para la Victoria, Roberto Feletti.

La agrupación ambientalista Greenpeace acusa a Feletti de archivar el proyecto y hace responsable de su decisión al Ministerio de la Industria, presidido por Débora Giorgi .

"Feletti dejó cajoneado al proyecto, lo dejó trabado, jugó con los tiempos hasta el último día", le explicó a LA NACION Consuelo Bilbao, coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace. "En Presupuesto no lo incluyeron en el temario del día. Era la instancia que faltaba para el tratamiento del proyecto".

¿Qué dice Feletti? El diputado dio su postura al salir del Congreso: "[El tratamiento] pasa para el próximo años porque nosotros no podemos imponerle a las empresas argentinas una carga enorme en términos de reciclado de basura electrónica que no tiene precedentes internacionales, obligados a importar tecnología monopólica que puede provocar daños graves en la competitividad".

En la Argentina se generan 120.000 toneladas de basura electrónica por año , si se cuenta los desechos de baterías, computadoras, impresoras, teléfonos, televisores, microondas, entre otros artículos. En la Ciudad de Buenos Aires cada habitante desecha hasta siete kilos por año lo que suma unas 20.000 toneladas en total. En el país el promedio llega a 3 kilos.

El proyecto de ley intentaba darle un marco regulatorio y crear el Fondo Nacional de Gestión de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos, desechos que aumentan exponencialmente año tras años y con productos tóxicos. Establecía que el fabricante o importador del artículo debía ser el responsable de la gestión del material, garantizar el desarme y el reciclado de los componentes.

"Las empresas son las que en otras lugares del mundo pagan por su basura electrónica. En Europa se hacen responsables de sus residuos. En Latinoamérica ocurre en Costa Rica, Perú, Bolivia, Colombia; países que trabajando en la Responsabilidad Extendida del Productor", explicó Bilbao. Este modelo sirvió como referencia para crear el proyecto.

Si se hubiera aprobado, la ley de basura electrónica obligaba a las empresas a hacerse cargo de la disposición final de los residuos, ya sea enviándolos a una planta de reciclaje o procesarlos en una propia. También las exhortaba, en un plazo de dos años, a no comercializar productos que contengan plomo, mercurio, cadmio y cromo, entro otros componentes.

"Es una triste realidad, pero hoy son las corporaciones multinacionales las que dictan las políticas ambientales en nuestro país. La salud, el cuidado de los recursos y la calidad de vida de los habitantes no le interesan a los funcionarios", opinó María Eugenia Testa, directora de campañas de Greenpeace.

La agrupación ambientalista apunta contra el oficialismo que desestimó la propuesta del senador Daniel Filmus, también del Frente para la Victoria. En 2008 ingresó a la Cámara de Senadores, se realizaron jornadas técnicas, informes del mercado latinoamericano y obtuvo la media sanción. A fin de ese año fracasó el tratamiento en Diputados y en 2012 logró debatirse. Hasta ayer, que no logró el dictamen necesario por lo que perdió estado parlamentario. "Se vuelve a foja cero, se perdió el trabajo de cinco años. Hay que armar un nuevo proyecto, desde abajo", se lamentó Bilbao.
El proyecto caído

Los puntos salientes del proyecto atribuían responsabilidades directas a los productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE), aquella persona física o jurídica que fabrique o ensamble y venda aparatos eléctricos con marcas propias. En su artículo 20 estipulaba las siguientes obligaciones:
Diseñar los aparatos y sus repuestos sin utilizar plomo, mercurio, cadmio, cromo y otros productos altamente tóxicos.

Diseñar y producir los aparatos de forma que se facilite su desmontaje, reparación, y su reutilización y reciclaje.

Marcar los artículos con un símbolo de manera que indique que los residuos electrónicos no deben ubicarse junto con los domiciliarios.

Proporcionar a los gestores de RAEE la información necesaria para el desmontaje, la identificación de los distintos componentes y materiales susceptibles de reutilización.


Además planteaba sanciones para aquellas empresas que no se adecuaran a la norma. Las multas van de menor a mayor:
Apercibimiento.

Multa de entre uno y mil sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración Pública Nacional.

Suspensión de la actividad desde treinta días hasta un año.

Revocación de las autorizaciones y clausura de las instalaciones

FUENTE http://www.lanacion.com.ar/1531665-acusan-al-kirchnerismo-de-archivar-el-tratamiento-de-la-ley-de-basura-electronica

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